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viernes, julio 01, 2011

Muerte digna


Se discute en España el proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, que puede consultarse en este lugar. Desde mi punto de vista sus aspectos torales son los siguientes:
  • Todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a la protección de su dignidad y a que se garantice el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en la presente ley, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. En particular, como manifestación del derecho a la integridad física y moral, se garantizará su derecho a decidir libremente sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir en dicho proceso, incluidos los cuidados necesarios para evitar el dolor y el sufrimiento.
  • Las personas que se encuentran en el proceso final de la vida tienen derecho a recibir toda la información disponible sobre su estado real de salud, sus expectativas de vida y de calidad de la misma, y las medidas terapéuticas y paliativas que, de acuerdo con ella, le resultarían aplicables.
  • Las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense. De acuerdo con lo anterior, podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios, aún en los casos en que esta decisión pudiera tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente,
  • La negativa a recibir una intervención o tratamiento, o la decisión de interrumpirlos, no supondrá menoscabo alguno en la atención sanitaria de otro tipo que se le dispense, especialmente en lo referido a la destinada a paliar el sufrimiento, aliviar dolor y otros síntomas y hacer más digno y soportable el proceso final de su vida.
El Pais reporta que Los obispos combatirán "con todos los medios" la ley de nuerte digna. La opinión que resume la posición es la que se anota en el párrafo de entrada de la nota:
"Cuando afirmamos que es intolerable la legalización abierta o encubierta de la eutanasia, no estamos poniendo en cuestión la organización democrática de la vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social. Sostenemos sencillamente que las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana."
Los obispos saben muy bien la crítica que se hace a las iglesias de las distintas religiones del mundo cuando se pronuncian sobre temas que inciden, o pretenden incidir, en la moral positiva de la sociedad: la tentativa de llevar a cabo una "imposición" de su particular manera de ver las cosas, inclusive entre aquellos miembros de la sociedad que no forman parte del grupo religioso. Sin embargo, ¿con fundamento en qué es intolerable el proyecto? Dicho fundamento no puede ser otro más que la particular concepción de los funcionarios de dicha orden religiosa, inspirada seguramente en su interpretación de los textos que consideran sagrados, por lo que no estamos ante pareceres establecidos después de una discusión democrática (es de mencionarse que a los obispos les parece que el proyecto tiene como defecto "una concepción de la autonomía de la persona prácticamente absoluta"). De ser el caso, sí que se está ante el intento de imponer una prohibición  la fijación de un derecho, que como derecho subjetivo que es, implica una posibilidad de actuar respaldada por el orden jurídico, no un deber inescapable por el que coercitivamente se motiva a los sujetos a llevar a cabo conductas que de otra manera no harían. ¿Porqué negar lo que muchos piden y que no se impone a nadie que piense distinto?

Tienen razón los obispos al afirmar que el mero cumplimiento de un trámite formal no hace al resultado de dicho proceso "justo". Es más, en una democracia cualquier producto de la convención no es más que un arreglo temporal que debe estar sometido permanentemente a la crítica y a su mejora, lo relevante es configurar la arena adecuada en la que florezca la argumentación libre y racional. En el caso que nos ocupa, la vara de la justicia, desde el punto de vista de los obispos, es lo que ellos llaman "adecuación a la dignidad de la persona humana", sin embargo, la existencia y alcance preciso de dicha regla es algo que debe demostrarse y explicarse, más allá de las frases ambiguas de los discursos.

En este y otro tipo de asuntos se debe estar en disposición de defender una idea y de confrontarla con otras para llegar a una ley aceptable y útil, pero ese ejercicio es imposible cuando se parte de descalificar como "intolerable" el pensamiento distinto y afirmar que será combatido "con todos los medios". 

    
    

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